Ensaio

¿Cuánto vale una prueba que quizá nunca necesitemos utilizar?

¿Cómo calcular económicamente el valor de una evidencia antes de saber si algún día necesitaremos utilizarla?

**Whats Neyven — Abogada, Economista, Auditora del Estado, Escritora**

Una organización produce registros todo el tiempo.

Contratos. Correos electrónicos. Logs. Dictámenes. Actas. Fotografías. Grabaciones. Bases de datos. Versiones de documentos. Aprobaciones. Trazas de auditoría. Metadatos. Registros de sistemas. Prompts y respuestas de inteligencia artificial.

Estos elementos registran no solo **qué se decidió**, sino también, en muchos casos, **cómo, cuándo, por quién y con base en qué se tomó una decisión**.

La mayor parte de ellos jamás será utilizada en un proceso judicial, una auditoría, una investigación, una fiscalización o una controversia.

Entonces surge una pregunta económicamente incómoda:

**¿cuánto debemos gastar para preservar una evidencia que probablemente nunca utilizaremos?**

Antes de avanzar, sin embargo, es necesaria una precisión conceptual.

El título de este artículo habla de **prueba**, pero el problema económico comienza antes de ella.

Lo que las organizaciones producen y preservan cotidianamente son registros, documentos, datos, logs, metadatos y otros elementos que pueden constituir **evidencias**. Algunos nunca tendrán ninguna función probatoria. Otros podrán, años después, adquirir relevancia suficiente para demostrar, reconstruir o verificar un hecho y, dependiendo del contexto, integrar un conjunto probatorio.

Por lo tanto:

**no toda evidencia se convertirá en prueba, pero una prueba futura frecuentemente depende de una evidencia que tuvo que ser producida y preservada antes de que supiéramos que sería necesaria.**

Es precisamente esa posibilidad futura la que interesa desde el punto de vista económico.

La respuesta intuitiva al problema suele oscilar entre dos extremos.

Por un lado, conservarlo todo.

Por otro, conservar únicamente aquello que ya sabemos que es importante.

Ambos modelos son problemáticos.

Conservar indiscriminadamente genera costos de almacenamiento, clasificación, seguridad, privacidad, gobernanza y recuperación. Además, el exceso de información también implica riesgo.

Pero eliminar aquello cuya utilidad aún no podemos demostrar contiene otro problema:

**cuando finalmente descubramos que necesitábamos aquella evidencia, quizá sea imposible reconstruirla.**

Es aquí donde los archivos, el Derecho y la auditoría encuentran una idea particularmente poderosa de la economía financiera:

**la teoría de las opciones.**

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# La evidencia como opción

Una opción financiera concede a su titular un derecho que podrá ser ejercido en el futuro si se producen determinadas circunstancias.

Su valor no deriva únicamente de la situación presente.

También deriva de la posibilidad futura.

Algo semejante ocurre con determinadas evidencias.

Imagine una empresa que posee logs relativos a la aprobación de una operación.

Hoy parecen irrelevantes.

Sin embargo, dentro de cuatro años surge una investigación que cuestiona quién autorizó determinada modificación.

En ese momento, aquellos registros pueden permitir reconstruir:

  • quién realizó la operación;
  • cuándo ocurrió;
  • qué versión del sistema estaba activa;
  • qué permisos existían;
  • qué controles fueron ejecutados;
  • si hubo intervención posterior.

El punto económicamente interesante es que **el valor potencial de esos registros ya existía antes de la investigación**.

Lo que no sabíamos era si la contingencia capaz de revelar ese valor llegaría a ocurrir algún día.

Preservar determinada evidencia puede, por lo tanto, entenderse como **mantener abierta una posibilidad futura de utilización**.

Eliminarla equivale, en ciertas situaciones, a extinguir esa opción.

Y esa decisión puede ser irreversible.

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# El costo de la evidencia no es su valor

Esta distinción es fundamental.

Una organización puede gastar 10 reales para almacenar determinado conjunto de informaciones durante algunos años.

Eso no significa que esas informaciones valgan 10 reales.

Del mismo modo, una fotografía antigua puede costar prácticamente nada de almacenar y poseer, aun así, un enorme valor histórico.

En términos económicos:

**costo de preservación ≠ valor de la evidencia.**

El valor depende de aquello que la información podrá permitir hacer si se materializa determinado estado del mundo.

Podemos representar una primera aproximación de la siguiente manera:

**VE = p × I**

donde:

**VE** = valor esperado de la evidencia; **p** = probabilidad de que sea necesaria; **I** = impacto económico evitado o beneficio obtenido si puede ser utilizada.

Supongamos que determinada evidencia tenga apenas un 2 % de probabilidad de ser necesaria.

A primera vista, preservar algo con un 98 % de probabilidad de no ser utilizado jamás parece irracional.

Pero supongamos también que su ausencia pueda contribuir a una pérdida de 10 millones de reales.

Tendríamos:

**VE = 0,02 × R$ 10 millones = R$ 200 mil.**

Si preservar adecuadamente esa evidencia cuesta R$ 5 mil, la decisión comienza a parecer bastante diferente.

El problema, sin embargo, es más sofisticado.

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# La evidencia no posee únicamente valor probatorio

Una de las confusiones que deben evitarse es imaginar que una evidencia solo tiene valor si algún día sirve como prueba.

No es así.

Una evidencia preservada puede generar, al menos, tres tipos diferentes de valor.

Valor operativo e informacional

Puede permitir reconstruir decisiones, comprender fallas, preservar conocimiento institucional, comparar versiones, identificar responsabilidades y mejorar sistemas futuros.

Valor probatorio

Puede adquirir relevancia para demostrar hechos, autorizaciones, cumplimiento de obligaciones, titularidad, consentimiento, ejecución de controles u otras circunstancias relevantes en determinado contexto jurídico, administrativo o de auditoría.

Valor opcional

Incluso cuando su utilidad futura todavía es desconocida, su preservación mantiene abierta la posibilidad de utilizarla si se materializa un escenario relevante.

Por ello, una evidencia preservada puede:

**evitar pérdidas**, al ofrecer apoyo a una defensa o investigación;

**reducir costos**, disminuyendo el tiempo de reconstrucción, peritaje o auditoría;

**preservar derechos**, permitiendo demostrar circunstancias relevantes;

**reducir incertidumbre**, ayudando a reconstruir hechos y decisiones;

**aumentar la accountability**, permitiendo identificar responsabilidades;

**preservar conocimiento institucional**, evitando que la historia de las decisiones desaparezca con la salida de las personas;

**mejorar sistemas futuros**, apoyando auditorías, aprendizaje organizacional y análisis retrospectivo.

Esto significa que un modelo más realista podría ser:

**VPE = Σ[pᵢ × Bᵢ] − CP − CR**

donde:

**VPE** = valor presente esperado de la preservación; **pᵢ** = probabilidad de cada escenario futuro; **Bᵢ** = beneficio económico de la disponibilidad de la evidencia en ese escenario; **CP** = costo de preservación; **CR** = riesgos creados por la propia retención.

Este último componente suele olvidarse.

Conservar información también puede generar responsabilidad.

Los datos personales innecesarios pueden aumentar la exposición regulatoria. Las bases antiguas pueden sufrir filtraciones. Los documentos sin clasificación pueden ser interpretados fuera de contexto. La información redundante aumenta los costos de búsqueda e investigación.

La pregunta correcta, por tanto, no es:

**“¿Debemos conservar o destruir?”**

Es:

**“¿Durante cuánto tiempo, con qué integridad, granularidad, seguridad y costo debemos preservar determinada clase de evidencia?”**

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# El valor de la irreversibilidad

Existe además una variable especialmente importante.

Algunas decisiones pueden corregirse posteriormente.

Otras no.

Si una organización conserva determinado documento durante un año más y después concluye que no posee valor suficiente para justificar su retención, puede eliminarlo, observando las reglas aplicables.

Pero si lo elimina hoy y descubre mañana que lo necesitaba, quizá ya no pueda recuperarlo.

Esa asimetría posee valor económico.

La preservación mantiene abiertas las alternativas.

La destrucción cierra una de ellas.

Es precisamente por eso que la teoría de las **opciones reales** ofrece una analogía tan útil.

En entornos de elevada incertidumbre, esperar puede tener valor.

No porque esperar sea siempre mejor, sino porque **posponer una decisión irreversible puede permitir incorporar información futura antes de eliminar definitivamente una posibilidad**.

La pregunta deja de ser:

¿Cuánto vale este archivo hoy?

y pasa a ser:

¿Cuánto vale preservar nuestra capacidad de decidir mañana si esta evidencia seguirá siendo importante?

Son preguntas profundamente diferentes.

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# La evidencia posee valor informacional

Existe otra aproximación económica posible: el **valor de la información**.

Imagine una auditoría frente a tres hipótesis concurrentes.

Sin determinados registros, ninguna de ellas puede ser adecuadamente confirmada o descartada.

Con los registros, una de las hipótesis puede ser eliminada.

La evidencia no creó dinero directamente.

Hizo algo económicamente valioso:

**redujo la incertidumbre decisoria.**

En teoría de la decisión, la información posee valor cuando puede modificar una decisión y mejorar su resultado esperado.

Esto significa que la evidencia más valiosa no siempre será aquella que, aisladamente, permita demostrar de forma concluyente un hecho.

Puede ser aquella que permita **discriminar entre hipótesis relevantes**.

Un pequeño log de autenticación puede valer más que miles de páginas de documentos.

Un metadato puede valer más que el propio archivo.

Una versión anterior puede, en determinado contexto, ser más importante que la versión final.

La economía de la evidencia, por tanto, no es necesariamente una economía de volumen.

Es también una economía de **capacidad discriminatoria**.

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# El Derecho conoce este problema desde hace mucho tiempo

El Derecho rara vez utiliza esta terminología económica, pero convive permanentemente con el fenómeno.

Los documentos se producen cuando todavía no existe litigio.

Los contratos se firman cuando nadie espera discutir su interpretación.

Las actas se registran antes de que alguien cuestione la decisión.

Los logs existen antes del fraude.

Los controles se documentan antes de la auditoría.

Una evidencia puede parecer burocracia en el momento en que se crea y adquirir enorme relevancia años después.

Pero existe una distinción esencial.

La mera existencia de un documento no garantiza que posea elevada capacidad probatoria.

Entre **existir** y **servir adecuadamente para demostrar algo** hay una serie de condiciones.

Autenticidad.

Integridad.

Confiabilidad.

Contextualización.

Trazabilidad.

Accesibilidad.

Inteligibilidad.

Relación con el hecho que se pretende demostrar.

Por eso, **evidencia y prueba no son conceptos intercambiables**.

La evidencia es el elemento existente.

Su **capacidad probatoria** corresponde a la aptitud potencial para sostener una inferencia o demostrar determinado hecho.

Y su utilización y valoración como **prueba** dependerán del contexto en el que sea presentada, de las reglas aplicables y de la forma en que se relacione con los demás elementos disponibles.

Una organización puede, por tanto, poseer una enorme cantidad de información y, aun así, presentar una baja capacidad de demostración.

Esta diferencia es central.

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# Auditoría: cuando la evidencia que debería existir no existe

Los auditores conocen una versión particularmente interesante de este problema.

A veces, el principal hallazgo no está en el documento encontrado.

Está en el registro que debería existir y no existe.

¿Quién aprobó?

¿Qué análisis fundamentó la decisión?

¿Cuál era el dato disponible en aquel momento?

¿Qué versión fue considerada?

¿Quién modificó el parámetro?

¿Cuándo?

¿Por qué?

La ausencia de evidencia puede transformar una cuestión operativa en un riesgo jurídico, financiero, reputacional o de gobernanza.

Esto permite formular otro concepto:

**deuda evidencial.**

Así como existe deuda técnica en los sistemas de software, las organizaciones pueden acumular deuda evidencial.

Decisiones tomadas sin registros adecuados.

Controles ejecutados sin documentación suficiente.

Modelos utilizados sin versionado.

Autorizaciones sin trazabilidad.

Sistemas incapaces de reconstruir su propia historia.

Durante algún tiempo, esa deuda permanece invisible.

Hasta que alguien necesita preguntar:

**“¿Cómo sabemos que eso fue lo que ocurrió?”**

En ese momento, la deuda vence.

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# La inteligencia artificial hace que el problema sea mucho mayor

Con la IA, la cuestión deja de ser periférica.

Imagine una decisión empresarial apoyada por un sistema de inteligencia artificial.

Meses después, alguien pregunta:

**¿por qué el sistema produjo aquella recomendación?**

Tal vez sea necesario reconstruir:

  • modelo utilizado;
  • versión;
  • parámetros;
  • prompt;
  • contexto;
  • documentos recuperados;
  • datos de entrada;
  • salida original;
  • intervención humana;
  • modificaciones posteriores;
  • criterios de aprobación;
  • políticas vigentes en aquel momento.

Sin esta infraestructura evidencial, podemos conocer la decisión final sin conseguir reconstruir adecuadamente **el proceso que la produjo**.

Por eso, la gobernanza de IA y la gobernanza de la evidencia comienzan a converger.

Los logs de IA no son únicamente telemetría.

Los prompts no son solo comandos pasajeros.

Los historiales de versión no son únicamente una conveniencia técnica.

Dependiendo de la materialidad de la decisión, estos registros pueden adquirir relevancia para la auditoría, la accountability, la investigación, la reconstrucción técnica y, eventualmente, la capacidad probatoria.

La consecuencia es importante:

**la arquitectura de IA también debe ser concebida como arquitectura evidencial.**

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# No toda evidencia merece la misma preservación

La conclusión no puede ser “conservarlo todo”.

Eso sería sustituir la ausencia de gobernanza por acumulación.

Una política económicamente racional debería evaluar cada clase de evidencia según algunas variables:

  • probabilidad de necesidad futura;
  • magnitud de la consecuencia si está ausente;
  • capacidad de reconstrucción posterior;
  • costo de preservación;
  • costo de recuperación e interpretación;
  • velocidad de obsolescencia;
  • sensibilidad y riesgos de retención;
  • exigencias legales o regulatorias;
  • valor para auditoría y accountability;
  • valor informacional para decisiones futuras;
  • capacidad probatoria potencial, cuando esa dimensión sea relevante.

La capacidad de reconstrucción merece especial atención.

Cuanto menor sea la posibilidad de reconstruir posteriormente determinada evidencia, mayor tiende a ser el valor de su preservación presente.

Un informe quizá pueda volver a emitirse.

Una base de datos eventualmente puede reconstruirse.

Pero el estado exacto de determinado sistema a las 14:37 de un martes quizá nunca vuelva a poder reproducirse.

La oportunidad de producir determinadas evidencias existe una sola vez.

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# De la tabla de retención a una cartera de opciones

Esto permite imaginar una evolución interesante de la gestión documental.

Tradicionalmente, las organizaciones trabajan con clasificaciones y plazos de retención.

Estos instrumentos siguen siendo esenciales y deben respetar las obligaciones jurídicas aplicables.

Pero una capa económica adicional podría preguntar:

**¿qué posibilidad futura estamos preservando al conservar esta evidencia?**

Una matriz podría contener:

| Clase de evidencia | Probabilidad de uso | Impacto de la ausencia | Reconstruibilidad | Costo | Valor de la opción | | ------------------------- | ------------------: | ---------------------: | ----------------: | ----: | -----------------: | | Contrato | media | muy alto | baja | bajo | muy alto | | Log crítico | baja | muy alto | casi nula | bajo | alto | | Versión intermedia | baja | media | media | bajo | moderado | | Dato operativo redundante | muy baja | bajo | alta | medio | bajo |

No se trata de sustituir criterios jurídicos obligatorios por cálculos económicos.

**Las obligaciones legales de conservación funcionan como restricciones del modelo, no como variables negociables de costo-beneficio.**

El análisis económico actúa principalmente allí donde existe un espacio legítimo de decisión.

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# Tal vez estemos midiendo lo equivocado

Las organizaciones normalmente saben cuánto gastan para almacenar información.

Pocas saben cuánto cuesta descubrir, demasiado tarde, que **no disponen de la evidencia necesaria para demostrar un hecho relevante**.

Ese costo aparece fragmentado:

en condenas;

en acuerdos;

en investigaciones prolongadas;

en horas de auditoría;

en peritajes;

en retrabajo;

en decisiones imposibles de reconstruir;

en controles que deben rehacerse;

en pérdida de conocimiento institucional;

en crisis reputacionales;

en modelos de IA cuya actuación no puede ser adecuadamente reconstruida.

El almacenamiento aparece en el presupuesto.

La fragilidad evidencial aparece después, dispersa entre departamentos.

Tal vez por eso sea sistemáticamente subestimada.

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# Una nueva métrica: Value at Evidence Risk

Podemos avanzar conceptualmente e imaginar una métrica inspirada en el *Value at Risk* financiero:

**Value at Evidence Risk — VeR.**

Buscaría estimar la exposición económica derivada de la indisponibilidad, pérdida de integridad, contextualización inadecuada o imposibilidad de recuperación de evidencias críticas.

No sería simplemente:

¿Cuánto perderemos?

Sino:

**¿Qué parte de nuestra exposición depende de hechos que quizá seamos incapaces de demostrar adecuadamente porque la infraestructura evidencial necesaria puede fallar?**

Esta pregunta interesa simultáneamente al área jurídica, la auditoría, el compliance, la seguridad de la información, la gestión documental, la gobernanza de datos y la gobernanza de IA.

Porque **gestionar un riesgo y conservar la capacidad de demostrar posteriormente cómo fue gestionado son problemas diferentes**.

Una organización puede gestionar correctamente determinado riesgo operativo y, aun así, ser incapaz de demostrar posteriormente que lo gestionó.

Puede ejecutar adecuadamente un control y no conservar evidencia suficiente de su ejecución.

Puede tomar una decisión correcta y no preservar los elementos que permitirían reconstruir su racionalidad.

Es en ese espacio entre **actuar** y **ser capaz de demostrar cómo se actuó** donde surge el riesgo evidencial.

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# El activo invisible

Tal vez necesitemos cambiar nuestra percepción sobre los archivos.

Algunos registros no son residuos burocráticos de actividades pasadas.

Son **activos contingentes de defensa, reconstrucción, aprendizaje y decisión**.

Su valor permanece invisible mientras nada ocurre.

Es justamente esa característica la que hace difícil justificarlos económicamente.

Una póliza de seguro parece inútil durante todos los años en que no ocurre un siniestro.

Una opción puede expirar sin ser ejercida.

Una evidencia puede ser eliminada legítimamente al final de su ciclo sin haber sido consultada jamás.

Nada de eso significa que su preservación haya sido irracional.

También pagamos por la **posibilidad**.

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# La pregunta que permanece

Tal vez la gobernanza de la información deba abandonar una pregunta excesivamente simple:

**“¿Necesitaremos este documento?”**

Nadie conoce suficientemente el futuro como para responderla.

Una pregunta económicamente más rigurosa sería:

**“¿Cuánto vale preservar, durante determinado período y a determinado costo, nuestra capacidad de utilizar esta evidencia si el futuro hace relevante su existencia?”**

Este cambio parece pequeño.

No lo es.

Transforma el archivo en opción.

Transforma la trazabilidad en activo.

Transforma la documentación en infraestructura de decisión.

Transforma los logs en memoria verificable.

Transforma la preservación en gestión de posibilidades futuras.

Y transforma la gobernanza de la evidencia en una disciplina situada exactamente en la intersección entre **economía, Derecho, auditoría, teoría de la decisión, gestión de riesgos e inteligencia artificial**.

El título de este artículo pregunta cuánto vale una prueba que quizá nunca necesitemos utilizar.

Tal vez la respuesta más rigurosa sea esta:

**antes de existir la prueba, existe la evidencia.**

Es ella la que debe ser producida, contextualizada, protegida y preservada en un momento en el que todavía no sabemos si algún día será necesaria.

Algunas evidencias jamás adquirirán función probatoria.

Otras serán valiosas por razones completamente diferentes: conocimiento, auditoría, aprendizaje, accountability o reconstrucción.

Pero algunas de ellas podrán, años después, convertirse exactamente en aquello que necesitaremos para demostrar un hecho que hoy ni siquiera imaginamos que será cuestionado.

Por eso, quizá una de las decisiones de gobernanza más importantes sea también una de las menos visibles:

**decidir hoy qué posibilidades futuras no queremos perder.**

Whats Neyven

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